La semana que pasó arrancó con la primera protesta nacional de tamberos de la era Macri. Un conflicto que despierta cierta inquietud a un gobierno que convirtió las demandas del sector agropecuario en el eje de su programa económico.
Las imágenes de tamberos piqueteando y regalando leche contrastaron con la euforia que expresaron los empresarios de los agronegocios en Expoagro. También con el inusual movimiento de transporte y carga de granos que se registró durante el verano y el optimismo que muestran fabricantes de maquinaria agrícola sobre un repunte de las órdenes de compra. Es probable que unos y otros hayan votado al mismo presidente. De hecho, en la protesta lechera activaron organizaciones gremiales que nutren al funcionariato oficialista.
La complejidad económica, política y social que se ultrasimplifica en la figura de “El Campo” mostró su cara letal al gobierno de Cristina, cuando marchó a la guerra sobre un territorio que no conocía y terminó activando a la coalición política que la desplazó del poder.
Trazos del mismo equívoco se descubren en el lado opuesto. Como lo prometió, Macri devaluó, bajó y/o eliminó retenciones, levantó controles comerciales, removió trabas a las exportaciones y liberó la adquisición y fuga de dólares. Este shock de rentabilidad valorizó una cosecha de granos gruesos que había sido sembrada a menos diez pesos por dólar.
El destinatario directo fue el empresario agropecuario de la región pampeana (incluido el que pone su capital a trabajar en las regiones marginales), y fundamentalmente al que pudo almacenar algo de las más de 12 millones de toneladas de granos retenidas que apalancaron el salto cambiario. Ese sujeto económico lideró la confrontación de “El campo” y de la “economía del interior” contra el anterior gobierno. También la ocupación del Estado por parte del sector en la administración Macri.
En materia económica, la idea fuerza era que el combo de devaluación, baja de impuestos y liberalización comercial beneficiaría al sector en forma generalizada.
Expoagro, la actividad de fábricas y terminales del up river durante el verano, el leve superávit de la balanza comercial de febrero, la promesa de liquidar 10 mil millones de dólares en los próximos tres y a esperanza de un sector de los fabricantes de maquinaria agrícola, es una cara de ese proceso. También la consolidación del repunte ganadero iniciado un año antes.
La otra cara la de los lecheros, los tamberos, los feedloteros y una cantidad de actividades que, por la eliminación de retenciones al maíz, vieron subir sus costos exponencialmente. La protesta tambera desnudó otra vez un escenario aun más complejo, difícil de solucionar con una sola medida cambiaria: desigualdad, cartelización, abuso de posición dominante en la cadena de valor, opacidad en la formación de precios y distorsiones que llevaron a niveles históricos la diferencia entre lo que reciben los tamberos y el precio al consumidor.
La caída del mercado internacional profundiza esta problemática. Los paliativos que existen interpelan a la cultura política oficialista: la extensión y ampliación de los subsidios que en su momento acordaron el ex ministro Kicillof y la Federación Agraria y, en casos muy puntuales, las importaciones de leche en polvo de Venezuela. Muchas economías regionales, el argumento sensible que se puso sobre la mesa para fogonear la devaluación, hoy suman a la caída de la demanda internacional, el bajón de la demanda interna. Los cambios macroeconómicos transformaron el esquema de rentabilidad de las cadenas y sus actores.
Este cambio preocupa a las provincias. El Ministerio de Producción de Santa fe viene haciendo gestiones con el gobierno nacional en todos estos frentes. Un mapa de las actividades industriales y agroindustriales “sensibles” acompaña estos reclamos. Sufren el triple embate de la suba de costos, la caída del mercado interno y, en muchos casos, el regreso de las importaciones. Hasta ahora se vieron las consecuencias negativas del cambio, repite el gobernador Lifschitz mientras se alinea con Macri en la presión a favor de acordar con los fondos buitre. Encuestas de los cien días mediante, el fantasma del desempleo y la recesión también “aprietan el zapato” del gobierno nacional. Sus espadas admitieron que es “el peor momento” y prometen que todo mejorará en el segundo semestre. De acuerdo a los números que exponen, esa recuperación implicaría volver a niveles de actividad, inflación y empleo parecidas a octubre de 2015. El acuerdo con los buitres y la cosecha son el maná que espera el gobierno, que debió en sus primeros días provocar aceleradamente la crisis disciplinadora que le negó su antecesor. El oficialismo aspira a que la recesión modere la inflación autoinflingida El proceso requiere de cierta habilitad política. Es probable que en medio de la ola de despidos por la que ya resucitan en el interior las multisectoriales en defensa del trabajo, los publicistas oficialistas deban advertir a los intelectuales del Newman que estigmatizar permanentemente a los empleados públicos y vanagloriarse a viva voz por “estar acomodando la basura” podría convertirse en una chicana demasiado pesada para el humor de más de uno.
FUENTE: LA CAPITAL
